Las lenguas en los comercios de Cataluña


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El informe "Las lenguas en los comercios de Cataluña” analiza los usos lingüísticos en los comercios catalanes así como la influencia de la política de sanciones lingüísticas del gobierno autonómico.

Las polémicas multas lingüísticas han convertido el caso catalán en ciertamente anómalo. Cataluña es el único territorio del mundo en que los ciudadanos no pueden elegir libremente en qué lengua oficial rotulan su comercio. La administración autonómica no permite la libre elección lingüística de los comerciantes e impone multas a quien usa el castellano en vez del catalán, lo cual influye de forma determinante en la rotulación comercial.

De acuerdo a los últimos datos del propio gobierno catalán, sólo un 16% de comercios de Barcelona rotulan en español. Se trata de una cifra sorprendentemente baja si tenemos en cuenta que es la lengua habitual de más del 60% de barceloneses. Es obvio que, en condiciones normales, los comerciantes de Barcelona tenderían a rotular su negocio en el idioma de la mayoría de su clientela (la lengua española) e incluso a utilizar en mayor grado esta lengua por ser la que entenderían también clientes del resto de España y otras partes del mundo en Barcelona.

El uso tan limitado del español en la rotulación de los comercios barceloneses, cuatro veces por debajo de su presencia social, resulta anormal. No encuentra ninguna otra explicación que la presión ejercida por el nacionalismo en forma de una política de sanciones y multas lingüísticas a los comerciantes. De hecho, Barcelona es la única gran ciudad de todo el continente europeo en que la lengua de la mayoría de sus habitantes no es la lengua empleada en la mayoría de los rótulos de sus comercios. Así se desprende de las investigaciones sobre rotulación comercial efectuadas en Europa.

Pero si la situación del español en la rotulación comercial barcelonesa resulta llamativa, aún lo es más en otras ciudades catalanas. Según los datos del propio gobierno catalán, en Lérida la presencia de la lengua española ya se reduce a solo un 9% de los rótulos comerciales y en Gerona roza la marginalidad, con tan solo el 5% de los rótulos de la ciudad. Cualquiera que visite Lérida o Gerona puede comprobar que en muchas calles ya es prácticamente imposible encontrar un solo rótulo de comercio escrito en español.

Bajo la excusa de "proteger al catalán", el gobierno catalán pretende –y está consiguiendo- excluir el español del paisaje lingüístico comercial. Nos preguntamos qué tipo de "normalización lingüística" es esta en que la lengua mayoritaria de la sociedad se convierte en marginal en los comercios debido a una política de sanciones y multas. ¿Acaso es "normal" que la lengua del 60% de barceloneses apenas esté en los rótulos del 16% de comercios?

Convivencia Cívica Catalana constata un incremento de las sanciones por razón de lengua así como de las consultas de comerciantes sobre esta cuestión. En vista de ello ha decidido poner en marcha una campaña en los próximos meses de información y asesoramiento. Nuestra asociación defiende que los comerciantes utilicen la lengua que libremente deseen en sus tiendas y comercios sin multas, sanciones ni coacciones.

En el marco de esta campaña, Convivencia Cívica Catalana apelará a las instituciones nacionales y europeas a intervenir en Cataluña en favor de la libertad lingüística de ciudadanos y empresas frente a las políticas de imposición, sanción y multa del gobierno catalán. Europa no puede mirar para otro lado mientras en una región de ella se vulneran libertades fundamentales, derechos constitucionales y de la libre empresa.

El dosier de prensa del informe puede descargarse en este enlace.


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Las inversiones en infraestructuras en Cataluña

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De enero a mayo de 2016 la administración central ha invertido en obra pública en Cataluña 153.9 millones de euros, un 71% más que el gobierno autonómico catalán (90.2 millones). Así se desprende de los datos de licitación recién publicados por la patronal de empresas constructoras, SEOPAN.

Por territorios, en las cuatro provincias catalanas la administración central ha invertido en lo que llevamos de 2016 más que la autonómica. Destacan los casos de Gerona, en que la inversión del gobierno central ha duplicado a la de la administración encabezada por Carles Puigdemont y Lérida en que la administración del Estado ha licitado obra pública por un importe ocho veces superior al ejecutivo autonómico.

Los datos publicados para los primeros meses de 2016 corroboran y refuerzan la tendencia ya existente en los últimos años, en que la administración central ha sido la primera administración inversora en obra pública en Cataluña. En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno central ha invertido en la comunidad catalana por un importe de 2.180 millones de euros, un 41% más que el ejecutivo autonómico (1.549 millones).

La inversión en infraestructuras no parece estar entre las prioridades del nuevo ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, quien ha rebajado sustancialmente la inversión en obra pública desde que tomó posesión de su cargo a principios de año.

De enero a mayo de 2016, el gobierno catalán ha disminuido la cantidad licitada en obra pública en un 61% respecto al mismo periodo del año pasado. El considerable desplome de la inversión en infraestructuras por el nuevo ejecutivo catalán agrava aún más la apatía inversora de los sucesivos gobiernos catalanes en los últimos años.

En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno autonómico de Cataluña ha invertido en obra pública solo 208 euros por habitante, un 32% menos que los 304 euros per cápita invertidos de media por el resto de gobiernos autonómicos españoles.

El informe pone de relieve que en Cataluña existe un grave déficit de inversión en obra pública del propio gobierno autonómico catalán que puede cuantificarse en el último lustro en 1.100 millones de euros.

La recurrente falta de inversión en infraestructuras del gobierno catalán constituye un notable perjuicio para la economía de Cataluña y su competitividad. Resulta sorprendente e hipócrita que una administración que invierte tan escasamente en obra pública acuse a otras administraciones de falta de inversiones.

El dosier de prensa del informe puede descargarse en este enlace.